PP y Vox rechazan el "asalto a la Justicia" de la nueva LECrim y Junts avisa de que "perpetúa" el control de la Fiscalía

El PP y Vox han rechazado este martes en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobado por el Consejo de Ministros, que según los 'populares' supone un "asalto a la Justicia" y un intento del Gobierno de "controlar la acción penal". También Junts se ha sumado a las críticas al considerar que el texto del Gobierno perpetúa la instrumentalización de la justicia y el control de la Fiscalía.

Las tres formaciones, que juntos suman mayoría absoluta en el Congreso y tienen votos suficientes para tumbar la reforma del ministro Félix Bolaños, han aprovechado el debate de una iniciativa del PP sobre custodia de datos personales en la Fiscalía para hacer públicas sus críticas a la ley.

Durante su intervención de defensa de esa iniciativa, la dirigente del PP Cuca Gamarra ha advertido que el proyecto de nueva LECrim atribuye la instrucción de los procedimientos penales a un Ministerio Fiscal "dependiente del Ejecutivo", lo que, a su juicio, representa "un paso crucial en una estrategia de asalto a la Justicia". "Pedro Sánchez ha dado orden de limpiar sin límites las evidencias de su corrupción y la única forma de hacerlo es mediante el poder, desde el BOE", ha afirmado.

Por parte de Vox, su diputado José María Sánchez ha criticado el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal porque "excluye" el ejercicio de la acción penal a los sindicatos y a los partidos políticos.

Desde Junts, Josep Pagés i Massó ha señalado que el nuevo modelo "perpetúa la instrumentalización política de la Fiscalía y la judicatura". "Mucha retórica modernizadora, pero el proyecto del ministro Bolaños mantiene una herramienta de control político sobre la justicia y consolida esa subordinación jerárquica", ha sostenido.

PSOE: "PONE FIN A LA ANOMALÍA HISTÓRICA EN EUROPA"
En el otro extremo, el diputado socialista Francisco Aranda ha defendido la reforma de la LECrim alegando que otorgar la instrucción penal a la Fiscalía "pone fin a una anomalía histórica en Europa". "Por fin se actualiza una ley de 1882 para adecuar el proceso penal al siglo XXI. La nueva ley moderniza la justicia y refuerza las garantías procesales, no las debilita.".

Por su parte, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido la reforma procesal aprobada por el Gobierno y ha criticado al PP porque "pretende mantener la excepción española en la instrucción penal", que dirige el juez y no el fiscal. "El anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de Ministros corrige una ley de 1882 y refuerza las garantías de los ciudadanos", ha señalado.

En cuanto al debate de la reforma presentada por el PP, Gamarra ha defendido la idea de que el responsable de la custodia de los datos personales de la Fiscalía no sea elegido por el fiscal general, sino por mayoría absoluta del Conejo Fiscal y con un mandato de cinco años no renovable.

REVERTIR LA REFORMA BOLAÑOS
Según ha explicado, se trata de revertir los cambios introducidos en 2024 en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia como "una defensa directa de la independencia del Ministerio Fiscal" y "una garantía de la separación de poderes". "Cuando la Fiscalía deja de ser independiente, deja de servir a la ley y empieza a servir al poder. La Fiscalía al servicio del sanchismo no es una hipótesis, es la realidad que hoy vive España", ha asegurado.

Vox, por boca de José María Sánchez, ha reprochado al PP que su texto de reforma del estatuto fiscal "ignora lo principal y se atiene a un detalle accidental", y ha reclamado una reforma profunda para que los altos cargos no dependan de nombramientos discrecionales del fiscal general del Estado". "Ustedes quieren hacer lo mismo que el PSOE para cuando gobiernen: mantener un sistema de control político sobre la justicia. Esto es impresentable, política y jurídicamente", ha añadido.

Desde el PSOE, Aranda ha replicado que la propuesta de reformar el estatuto fiscal "es una maniobra política más dentro de su cruzada" contra el fiscal general del Estado", Álvaro García Ortiz, y ha acusado a los populares de "politizar la Justicia" y de "traer al Congreso una proposición instrumental para atacar al Gobierno".

ERC, PNV Y PODEMOS CRITICAN LA PROPUESTA DEL PP
Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha calificado la propuesta del PP como un "uso espurio del debate parlamentario" y ha lamentado que los dos grandes partidos sigan "repartiendo el control de las instituciones mientras destruyen la credibilidad del Estado".

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, ha apuntado que el estatuto fiscal vigente "es menos virtuoso que el precedente, pero no contrario a la Constitución, ni al derecho comunitario", y recordó que el PP "no recurrió al Tribunal Constitucional" la reforma que ahora cuestiona.

Por su parte, la diputada de Podemos, Martina Velarde, ha acusado al PP de "traer al Congreso una bomba de humo para tapar sus problemas internos y judiciales" y considera que su proposición "no tiene contenido real".