El Juicio sin precedentes al fiscal general deja a la prensa y la Fiscalía bajo presión

La Justicia española afronta un episodio histórico. Por primera vez, un fiscal general en activo se encuentra en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. La cobertura mediática, los choques internos y las versiones contrapuestas de fiscales y periodistas han convertido este juicio en un examen público sobre la relación entre medios de comunicación, jerarquía judicial y transparencia institucional.

Este reportaje desglosa, en detalle, los hechos, los protagonistas y las implicaciones de un proceso que está marcando un antes y un después en la historia judicial del país.

Contexto del caso y acusación

Álvaro García Ortiz, máximo responsable del Ministerio Público, ha sido procesado por supuestamente filtrar un correo electrónico relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía le atribuye hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y más de 400.000 euros de indemnización, un castigo excepcional que subraya la gravedad del presunto delito.

El juicio está programado en seis sesiones; en las tres primeras han testificado más de veinte personas, incluidos periodistas, fiscales y los implicados, dejando al descubierto tensiones internas y contradicciones entre distintos medios de comunicación.

El papel de los periodistas: ética y secreto profesional

El proceso ha puesto el foco en la labor de la prensa. Varios periodistas testificaron protegidos por el derecho constitucional a no revelar sus fuentes, aunque algunos explicaron detalles clave sobre la cadena de hechos.

Jose Precedo, de eldiario.es, detalló que ya contaba con el correo del 2 de febrero, el expediente de Hacienda y la denuncia fiscal desde el 6 de marzo de 2024. “En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca, y nunca es nunca… Sé quién es la fuente de esta historia, y no la voy a revelar por secreto profesional”, afirmó.

Explicó que la publicación escalonada de la información obedeció a la necesidad de verificar una cantidad “ingente” de documentación y que su fuente le prohibió mostrar el correo como medida de seguridad ante las presiones recibidas del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Su compañero Marcos Pinheiro ratificó su versión, mientras que Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, sostuvo que a las 21:54 del 13 de marzo ya sabía por tres fuentes que González Amador había propuesto un pacto con la Fiscalía, contradiciendo la versión publicada por El Mundo.

Contradicciones entre medios y actores

El periodista Esteban Urreiztieta, de El Mundo, admitió que desconocía el correo del 2 de febrero cuando informó que la oferta de conformidad partía de la Fiscalía, aunque sí conocía un correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto mostraba disposición a negociar.

González Amador confirmó que habló con Urreiztieta la mañana del 13 de marzo y que su abogado le había enviado un WhatsApp asegurando que “todo sigue en pie”. Este mensaje fue reenviado a la Fiscalía Provincial de Madrid y autorizado para su uso.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez admitió haber compartido ese mismo WhatsApp con medio centenar de periodistas para “desmentir” a La Sexta, explicando que la paralización de las negociaciones se debió a “órdenes de arriba”.

Los Fiscales defienden la legalidad de sus órdenes

Los fiscales Julián Salto, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe aseguraron que las órdenes de García Ortiz eran legales, pues debían informar a sus superiores sobre asuntos relevantes.

Rodríguez y Villafañe contaban con la documentación desde el 7 de marzo, tras la alerta de Precedo a la jefa de prensa sobre el caso que afectaba a la Comunidad de Madrid.

Tensiones internas y advertencias ignoradas

La jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, relató que la noche del 13 de marzo, al recibir los correos, expresó su alarma: “Le dije literalmente: ‘Pilar, los van a filtrar’”.

Rodríguez minimizó la advertencia. Al día siguiente, Lastra preguntó directamente a García Ortiz: “¿Has filtrado los correos?”, recibiendo la respuesta: “Eso no importa ahora”. “Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba”, enfatizó.

El testimonio más dramático: González Amador

El empresario denunció que la supuesta filtración lo convirtió “en el delincuente confeso del Reino de España”. Aseguró que la nota de prensa del 14 de marzo impidió cerrar un acuerdo de conformidad, dejándolo públicamente “condenado”.

En un momento crítico, dijo: “O me voy de España o me suicido”, a lo que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, respondió: “No le recomiendo ninguna de las dos cosas”.

Repercusiones y reflexiones

Más allá de la controversia mediática, la primera semana del juicio evidencia los riesgos de la difusión de información sensible, los dilemas éticos de los periodistas y los desafíos internos de la Fiscalía. El caso se ha convertido en un referente histórico sobre cómo la filtración de información puede alterar la percepción pública y afectar la confianza en las instituciones.

También plantea interrogantes sobre la jerarquía dentro de la Fiscalía, los mecanismos de control de correos internos y la interacción entre medios y Administración de Justicia, en un contexto de máxima sensibilidad política.