Podemos emplaza al Gobierno a vetar de forma cautelar los contratos públicos con Acciona tras el informe de la UCO
Podemos pedirá en el Congreso que el Gobierno prohíba cualquier contrato público con la empresa Acciona y a todas sus filiales como medida cautelar mientras persistan los indicios de presunto pago de 'mordidas' a los implicados en la trama Koldo
Así lo reclama mediante una proposición no de ley que ha registrado la formación morada para su debate en el Pleno del Congreso, a la luz del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia (UCO) Civil que señala que Servinabar, la empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, recibía "el 2% neto" de adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción.
Por su parte, Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en esta causa judicial y decidió, además, la suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad.
Este miércoles la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, medidas para evitar que Acciona reciba ni un solo euro más del erario público, algo que sería "indecente" a la luz del contenido de la investigación en el caso Koldo. Incluso ha lanzado que su directiva tendría que ir a la "cárcel".
La iniciativa de los morados recoge, en su exposición de motivos, que los casos de corrupción han "sacudido a la sociedad española en los últimos años" y "ponen de manifiesto" un fenómeno "sistémico" vinculado "íntimamente vinculado" a "dinámica bipartidista".
ACTUAR CONTRA LAS EMPRESAS "CORRUPTORAS"
De esta forma, sostiene que una "parte fundamental de los escándalos de corrupción" se halla ligada al "ámbito de la contratación pública, especialmente en el marco de la negociación y adjudicación de contratos, donde empresas corruptoras ofrecen comisiones ilegales a quienes participan en los procesos de contratación con el fin de obtener ventajas indebidas o la propia adjudicación de las obras o servicios".
Recuerda también Podemos que el juez que instruye el caso acordó la imputación del exdirector de Acciona Construcción Justo Vicente Peregrino, y de otros dos cargos de la compañía, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz.
"La gravedad de estos hechos vuelve a poner de relieve que una medida esencial en la lucha contra la corrupción pasa por actuar no solo contra los cargos públicos que pueden verse involucrados, sino también contra las empresas que actúan como corruptoras y que continúan recibiendo importantes cantidades de fondos públicos", enfatiza la formación.
En este sentido, recalca que "vetar el acceso a la contratación pública de aquellas entidades implicadas en prácticas corruptas constituye una herramienta imprescindible de prevención general, que incentiva la vigilancia interna en las propias compañías y envía un mensaje nítido a la ciudadanía: la corrupción no puede salir rentable".

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