PP-A y Vox rechazan una PNL del PSOE-A sobre la "obligación" de formar en violencia de género a empleados públicos

PP-A y Vox han votado este miércoles en el Parlamento andaluz en contra de una proposición no de ley (PNL) registrada por el Grupo Socialista con la que se quería recordar la "obligación" de la Junta de impartir "formación especializada en materia de violencia de género" a personal del sector público andaluz.

De esta manera, la iniciativa, que se ha debatido en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha sido rechazada, ya que sólo ha sumado los votos a favor de los diputados del Grupo Socialista.

En concreto, con esta PNL, el PSOE-A quería, por un lado, que el Parlamento instase a la Consejería que dirige José Antonio Nieto a cumplir, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, "de manera inmediata lo previsto en el artículo 20 de la Ley 13/2007, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, garantizando el carácter obligatorio, permanente y especializado de la formación dirigida, en especial, a todo el personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de género, al que presta atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las comisiones de investigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo".

En segundo lugar, la iniciativa socialista planteaba que el Parlamento instase a la Junta, "a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, a diseñar y planificar dicha formación de manera coordinada con el Instituto Andaluz de la Mujer competente en materia de violencia de género".

La tercera reivindicación de esta PNL era la de instar a la Junta a "desarrollar, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública y en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, un sistema transparente y verificable de acreditación y control de calidad de la formación en materia de violencia de género, que certifique oficialmente las competencias adquiridas por el personal responsable de la atención directa, garantice la homologación de los programas y entidades formadoras, la especialización en materia de violencia de género de los docentes, y que sea público, accesible y evaluado periódicamente mediante indicadores que permitan rendir cuentas" ante el Parlamento.

En cuarto lugar, el Grupo Socialista quería que la Cámara andaluza instase a la Consejería de Justicia, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública, "a dotar de recursos suficientes a esta formación y al correspondiente sistema de acreditación para asegurar que se realice de forma homogénea en todo el territorio andaluz y que llegue a todos los sectores profesionales implicados en la atención a las víctimas de violencia de género".

Finalmente, con esta proposición no de ley desde el PSOE-A reclamaban que la Junta rinda cuentas ante el Parlamento, "en el plazo máximo de seis meses, de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a esta obligación legal".

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, que ha defendido en la comisión la diputada del PSOE-A Olga Manzano, el Grupo Socialista subrayaba que la Ley 7/2018, de 30 de julio, que modificó la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía, introdujo entre sus novedades "la obligación de impartir formación permanente y especializada, con carácter obligatorio, de manera especial, al personal responsable de la atención a víctimas de la violencia de género, al que presta atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las comisiones de investigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo".

A ello se sumaba "otra obligación como la de desarrollar un sistema de acreditación de la formación especializada en esta materia", aclara la iniciativa socialista, que puntualizaba además que esta formación debe "planificarse de manera coordinada bajo las directrices de la Consejería competente, que deberá efectuar además el seguimiento de la misma".

Según el PSOE-A, "el Gobierno andaluz ha incumplido de manera reiterada esta previsión legal, al no garantizar ni la planificación coordinada ni el carácter obligatorio, permanente y especializado de la formación, lo que supone un grave déficit en la preparación de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género, y lo que es peor, y en algunos casos, la revictimización de estas mujeres", agrega el Grupo Socialista.

Para justificar esta PNL, desde el PSOE-A han señalado que "la falta de cumplimiento de esta obligación normativa debilita la respuesta institucional frente a la violencia machista, compromete la calidad de la atención, y supone un retroceso en los derechos reconocidos a las mujeres y a sus hijos e hijas en Andalucía", por lo que "resulta imprescindible que el Parlamento" andaluz "exija al Consejo de Gobierno el cumplimiento inmediato" de dichas obligaciones en relación a la formación de su personal en materia de violencia de género, concluía la exposición de motivos.

CRÍTICAS DE PP-A Y VOX A LA INICIATIVA
En el turno de intervenciones de los grupos en el debate de esta proposición no de ley, la diputada del PP-A Dolores Martín ha sostenido que la PNL del PSOE-A "parte de mucho desconocimiento" en relación a "un tema tan sensible" como el de la violencia de género, y al respecto ha reivindicado que "ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha elevado esta lucha a un asunto de Estado", de forma que "ahora se trabaja para que haya más unión entre administraciones y en la sociedad", así como "más cualificación entre empleados públicos, y más atención a las víctimas de violencia de género".

Así, ha negado que se esté produciendo un "incumplimiento" por parte de la Junta en la obligación de impartir formación "permanente y especializada" a empleados públicos en materia de violencia de género, y al respecto ha reivindicado que "en los cuatro últimos años" se han llevado a cabo "147 acciones formativas en materia de género y de prevención de violencia de género", de las que se han beneficiado "20.936 personas", y "el compromiso del Gobierno andaluz en seguir manteniendo esta formación es firme", según ha defendido antes de reprochar al Grupo Socialista que en su PNL "plantean lo que ya existe o está en desarrollo".

Por su parte, la parlamentaria de Vox Montserrat Cervantes ha acusado al PSOE-A de pretender "envolver en grandes palabras un modelo fracasado que sigue dejando a las mujeres más desprotegidas que nunca", y en esa línea ha aseverado que la formación a la que alude la iniciativa que se ha debatido este miércoles "forma parte de un entramado ideológico que ha demostrado ser incapaz de proteger a las mujeres", así como ha denunciado que "el sistema Viogén ha fallado de manera reiterada", según ha agregado para acabar de justificar el voto en contra de su grupo a esta PNL.