El presente de la actividad científica e investigadora en España se halla lastrado por una maquinaria de gestión administrativa y de servicios inapropiada para los tiempos que corren. Tal telaraña burocrática se ha convertido en una auténtica rémora para optimizar los dineros públicos que, en España, comportaban en 2012 el 87,2% del gasto total en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación).

Con un 5% del agregado de financiación investigadora, la aportación privada de las empresas españolas era raquítica en comparación con otros países equiparables de la UE. El resto de los dineros para la investigación procedía de fuentes foráneas a las españolas (véase Xifré & Kasperskaya, 2016).

Debe hacerse observar que los dineros para realizar actividades de investigación son obtenidos en su mayor parte por los propios científicos como captadores de recursos externos (fund raisers).

Tales tareas en un deseable contexto competitivo y meritocrático implican un creciente uso de su tiempo disponible para investigar. Aunque no forma parte en stricto sensu de su actividad académica, la dedicación para obtener fondos externos se hace imprescindible si se quiere investigar en la presente coyuntura de la ciencia en España.

La alternativa es no complicarse la vida científica y mantener un bajo perfil “funcionarial” en el puesto de trabajo, fichando en los controles de jornada laboral mañana y tarde, mientras se espera la transferencia bancaria mensual del salario correspondiente.

Han leído Uds. bien: a algunos investigadores de carrera se les exige fichar a la entrada y salida de la jornada laboral aplicando una mentalidad de oficinistas de manguito y visera reñida, cuando menos, con la innovación. Y aunque no publicasen los hallazgos científicos de su actividad investigadora seguirían recibiendo su estipendio tal cual.

La situación no es comparable con la de aquellos profesores universitarios que, al menos, deben cumplir con su enseñanza presencial en las aulas. Sin embargo, algunas universidades siguen intentando que se fiche y se controle a los docentes “vagos”.

A fin de poder obtener los antedichos fondos externos, los investigadores y docentes deben emplear tiempo, mucho tiempo, más allá de las teóricas 37,5 horas semanales preceptivas de jornada laboral. El incentivo, se pensará, es poder disponer eventualmente de dotación presupuestaria para incorporar medios humanos y materiales en la realización de proyectos de investigación (becarios, contratados o recursos experimentales, pongamos por caso).

Se trata de un incentivo que, a semejanza del principio de la utilidad marginal decreciente, hace menguar la satisfacción del investigador. En realidad el incentivo se ha mutado en los últimos tiempos en un desincentivo considerando el agobiante número de documentos y requerimientos burocráticos a cumplimentar.

Son situaciones que exigen una atención administrativa permanente de los científicos a fin de poder presentar sus solicitudes en tiempo y forma y cumplir con la miríada de formalidades que dictamina la voluble e insaciable ‘norma’.

Analicemos en escorzo algunos factores que condicionan esta indeseada situación:

(1) Se mantiene una pretérita mentalidad de administración napoleónica, si acaso remozada en los últimos tiempos con aportaciones circunstanciales de abogados del Estado, técnicos de la administración civil, o funcionarios de variada procedencia, los cuales han llegado a los niveles intermedios de ‘mando’ después de largos años de promociones internas.

No pocos de estos últimos iniciaron sus periplos promocionales como ayudantes de investigación o siendo personal de apoyo en tales cometidos. Sus capacidades para acelerar o ralentizar procedimientos administrativos son determinantes en los itinerarios administrativos.

Cualquier diseño organizativo y de gestión de los empleados públicos de futuro debe asumir que los funcionarios (public servants, en su denominación en inglés) son ante todo servidores públicos. Como tales deben anteponer los intereses de participación ciudadana y de eficiencia de la administración pública a los suyos propios como trabajadores cuyos salarios pagan el conjunto de los contribuyentes.

(2) Sería falaz hablar de una mentalidad burocrática monolítica respecto a las ‘malas prácticas’ que se producen en la administración pública de la ciencia. Algunos departamentos de los órganos jerárquicos centrales de las universidades y de los organismos públicos de investigación (OPIs) son conscientes del incremento de la carga burocrática que está ocurriendo en los últimos tiempos, sobre todo en lo relativo a los requerimientos de las justificaciones de proyectos y auditorias posteriores.

Paradójicamente, algunas propuestas para superar dichos imponderables suponen la creación de nuevos instrumentos de control mensual en las que los investigadores, por ejemplo, indiquen cuántas horas dedican a cada proyecto y así puedan estar “preparados” para posteriores auditorias.

Incluso se aconseja a los investigadores llevar hojas horarias en evitación de sorpresas como las de perder fondos que ya se habían auditado hace años pero que ahora no cumplen con las “nuevas” normas de control. Otro efecto perverso es el de realizar gastos “innecesarios” de última hora antes del cierre presupuestario.

(3) El control de la actividad investigadora refleja a menudo una mentalidad inquisitorial muy arraigad en cierta idiosincrasia española guiada por la asunción general del “piensa mal y acertarás”. Se complementa tal actitud con la secular práctica de “pedir favores” para desbloquear entuertos burocráticos.

A la estrambótica demanda de que los investigadores deban proveer a los órganos de intervención de todo tipo de facturas para justificar, por ejemplo, viajes de trabajo aunque hayan sido invitados por la institución anfitriona con todos los gastos incluidos (sic), valga añadir un par de ejemplos ilustrativos para la comprensión del lector.

Me comenta una colega que obtuvo financiación del Consejo Europea de Investigación (ERC), la cual puede llegar hasta los dos millones y medio de euros, siendo la ayuda más cortejada y difícil de obtener en Europa, que tuvo que esperar un año para comprar un ordenador a través de la administración de su universidad. En su adquisición se involucraron dos investigadores de su equipo de investigación y se intercambiaron no menos de un centenar de correos electrónicos.

Para contratar a un investigador australiano se le avisó que debía venir a España con 15 días de antelación antes del comienzo de su contrato y que correría él mismo con los gastos. Ello suponiendo que hubiera podido obtener previamente el NIE, a ser posible en un consulado español, gestión no siempre fácil ni disponible en todas las representaciones consulares.

Alternativamente el investigador podría pagar de su propio peculio a una agencia privada para de obtener el tan preciado NIE, necesario en cualquier gestión formal relativa a su actividad investigadora en tierras españolas.

(4) El proceso de robotización de nuestras sociedades industrialmente avanzadas es acelerado. Si hace apenas unos lustros eran los robots industriales quienes “ayudaban” a los trabajadores, ahora vemos que son los trabajadores quienes auxilian a los robots; el protagonismo ha transformado los roles de los agentes productivos.

Pero lo anterior sucede no solo en el sector privado con ánimo de lucro, sino también en el sector público e institucional. Volvamos a otro ejemplo ilustrativo de la optimización de las tramitaciones administrativas en la justificación de los gastos generados durante el desarrollo de las actividades científicas de investigación.

Me comenta otro colega investigador, asiduo visitante de la Fundación Simons en Nueva York, y en concreto del centro de astrofísica computacional del Instituto Flatiron, que en una reciente ocasión le invitaron a cenar en un restaurante de Manhattan después de impartir un seminario.

Al pagar la factura, su anfitrión hizo una foto de la misma con su teléfono móvil. Fue informado que en la Fundación utilizan un programa informático (robot) que con la foto de la factura trasmitida mediante una app del smartphone al centro de procesamiento de dicha Fundación, un programa de control de gasto evalúa instantáneamente la conformidad del cargo por el coste de la comida y automáticamente reembolsa la factura al investigador que la ha pagado.

Si él hubiera tenido que invitar a un colega extranjero con cargo a los fondos de un proyecto captado por él mismo, y “controlado” por los servicios de habilitación y pagaduría en España, podrían haber pasado semanas y hasta meses para el reembolso después de imprevisibles comprobaciones de la pertinencia del gasto efectuado.

En términos generales, y en línea con las experiencias relatadas y contrastada por mis pares, puede calcularse que los investigadores emplean alrededor de un 60-70% de su tiempo útil de trabajo en “papeleo”. De lo cual puede colegirse que, por cada hora de trabajo genuino de investigación, se realizan dos de asuntos burocráticos y administrativos.

Ello implica que la percepción salarial incluye 2/3 partes del tiempo burocrático que no añade ningún valor a la actividad investigadora. En suma, un encaje altamente ineficiente. Juzguen los lectores.

Para quien suscribe, con burocracia no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro.