Reforma laboral: la gran decepción

Cuando el 10 de febrero del 2102 el Gobierno decretó la reforma del mercado laboral, la calificamos de inútil e injusta. Inútil, porque no solucionaba la situación de crisis económica y social, sino que lo agravaba, puesto que facilitaba la destrucción de ocupación y apostaba por un modelo productivo basado en la precariedad y los bajos costes laborales.

Cuando el 10 de febrero del 2102 el Gobierno decretó la reforma del mercado laboral, la calificamos de inútil e injusta. Inútil, porque no solucionaba la situación de crisis económica y social, sino que lo agravaba, puesto que facilitaba la destrucción de ocupación y apostaba por un modelo productivo basado en la precariedad y los bajos costes laborales. Injusta, porque debilitaba los derechos y las tutelas de quienes tiene la posición más débil en las relaciones laborales y empeoraba las condiciones de trabajo y salariales, hecho que generaba más pobreza y desigualdad. Cuando se evidenciaba la certeza de estas críticas y se constataba el efecto negativo en la economía y las personas, el Congreso de los Diputados, el 2013, la valida con los votos de PP y CiU. Hoy ya sabemos que la reforma no ha logrado ninguno de los objetivos que el Gobierno anunciaba: no ha frenado la destrucción de ocupación, no ha eliminado la temporalidad, no ha flexibilidad las relaciones laborales.

Los poderes económicos y el Gobierno justifican la reforma laboral como el único camino para lograr una mayor competitividad de la economía en un mercado global. Los sacrificios laborales de hoy, nos dicen, permitirán a las empresas ser más competitivas en una economía globalizada. Con la mayor competitividad aumentarán la demanda y, consiguientemente, la actividad y la ocupación y, por lo tanto, la creación de riqueza, que beneficiará todo el mundo. Un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. La reforma abarata los costes laborales, vía despido y rebajas salariales. En consecuencia, comporta un mayor margen de beneficios empresariales, pero no un incremento de la actividad económica general. Así se constata en las cifras de la contabilidad nacional, que muestran el crecimiento de la desigualdad y de los desequilibrios en el reparto de la renta nacional, entre las rentas del trabajo, que pierden pes, y las rentas del capital, que suben, pero sin que el PIB crezca suficientemente (el 2013 en Cataluña cae un -0,6%, a pesar de que el último trimestre, por fin tiene un pequeño repunte positivo del 0,7%). Si bien el sector exportador se beneficia de la bajada de los costes laborales, no tiene la fortaleza suficiente para estirar del conjunto de la economía. La demanda interna, que representa casi el 75% del PIB, tiene una fuerte caída por los efectos negativos de la devaluación salarial. Esto ha hecho caer el PIB, destruir ocupación y disminuir los ingresos públicos. Resultado: hoy tenemos más paro y más pobreza, la situación económica está en fase de estancamiento y supeditada a las incertidumbres de los países emergentes.

Este modelo de competitividad, basado en bajos costes laborales, agrava el horizonte económico y social del país. El cambio de modelo productivo requiere un modelo de relaciones laborales que favorezca la capacidad de innovación para impulsar una producción de mayor valor añadido y una mayor diversificación de la estructura productiva. Por eso, hacen falta unas relaciones laborales basadas en la estabilidad laboral y el reconocimiento, en términos de condiciones laborales y derechos de participación, del valor añadido que aporta el trabajo cualificado. Hace falta, también, reforzar la negociación col·lectiva, mecanismo imprescindible para dotar de mayor flexibilidad interna para adecuar las condiciones laborales garantizando las seguridades cuando el entorno cambia. Pero la reforma laboral va en sentido contrario y nos puede anclar en los desequilibrios económicos y sociales históricos, donde la precariedad y los bajos costes consoliden una estructura económica basada en empresas y sectores de bajo valor añadido.

La reforma laboral ha sido la mayor regresión de derechos individuales y col·lectivos, tanto en cuanto al acceso a la ocupación, la contratación o la flexibilidad como la modificación de condiciones laborales y del sistema de negociación col?lectiva. Un balance decepcionante. Hay menos personas ocupadas, el trabajo se *precaritza y los trabajadores y trabajadoras se empobrecen. Se reduce la ocupación estable y crecen los contratos temporales, especialmente los de menos de tres meses de duración. Aumenta la contratación a tiempo parcial no voluntaria, a veces con jornadas de trabajo completas, pero con salarios vinculados al tiempo parcial. Hay más subocupación, personas con trabajo, pero con un salario con el cual no llegan con objeto de mes. El paro de larga duración crece, un 50% de personas que hace más de un año que son al paro; un 33%, más de 2, y un 22%, más de 3 años. El número de horas trabajadas il·legalmente por encima de las 42 semanales crece (y no se crean nuevos puestos de trabajo). La población activa disminuye, porque aumenta el desaliento para buscar trabajo o porque marchan fuera a buscar. La protección de las personas paradas disminuye: el 86% de jóvenes menores de 30 años y el 65% de las mujeres mayores de 30 no perciben ninguna prestación; el gasto en prestaciones por persona parada pasa de 5.966 ?/año el 2011 a 5.011 ?/año el 2013, un 16% menos; la inversión en políticas activas por persona parada madriguera de los 1.544 ? el 2011 a los 740 ? el 2013.

En definitiva: menos ocupación, más paro y más precariedad. Y más conflictividad laboral. Cuando la negociación col·lectiva se debilita y la unilateralidad empresarial aumenta, la conflictividad laboral acontece la única respuesta. Por eso, hoy es imprescindible que se refuerce la utilidad de los sindicatos, de la organización de los trabajadores y trabajadoras: para contraponer fuerza y presión, propuestas y capacidad de negociación, para establecer nuevos equilibrios en las relaciones laborales.

Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya