Carlos Martínez, elegido por el Comité de las Regiones como ponente socialdemocrata para debatir el marco financiero
El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha sido designado este viernes por el Comité de las Regiones de la UE como ponenete socialdemócrata en la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del propio Comité para debatir el dictamen sobre el futuro Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2028-2034.
El último ponente español en esta materia fue la expresidenta de Andalucía Susana Díaz y, en la actualidad, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, actúa como ponente española en la comisión que analiza el futuro de los Fondos Feder.
La Comisión SEDEC del Comité de las Regiones es la encargada de debatir la estructura financiera de los próximos diez años, un marco que influirá en fondos claves para el desarrollo regional, como la Política Agraria Común (PAC), objeto de críticas por parte de las organizaciones agrarias de Castilla y León.
Desde el PSOE castellanoleonés han defendido el nombramiento por el "peso" que puede tener en la defensa de los intereses de la Comunidad en el ámbito europeo. Según los socialistas, la participación de Martínez "garantizará que Castilla y León disponga de una voz activa en la definición de las políticas sociales y de cohesión territorial", ya que "el dirigente ha hecho de la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades uno de los ejes de su acción política".
Durante la elaboración del dictamen, Martínez Mínguez trabajará junto a los equipos técnicos del Comité de las Regiones, los grupos políticos y otras instituciones comunitarias, incluido el Comité Económico y Social Europeo (CESE), con el objetivo de mantener al FSE+ como instrumento "clave" de inversión social.
Entre las prioridades que defenderá como ponente figuran, según han informado a Europa Press fuentes socialistas, preservar una línea presupuestaria "sólida" y propia del Fondo, garantizar un papel central para las regiones y ciudades en la gestión de los programas, evitar la renacionalización de las políticas sociales, proteger la inversión en infancia, juventud, igualdad de género y lucha contra la pobreza, así como promover el empleo de calidad y las competencias futuras en un contexto de transición digital y ecológica.

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