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También de los exjefes políticos de los Mossos César Puig y Pere Soler y Teresa Laplana por los incidentes del 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía.

Creen que la información que pasaban los agentes a la central se filtró a los escoltas del Govern para que sus responsables votaran sin problema

Al que fuera jefe de los Mossos d'Esquadra durante la celebración del referéndum ilegal se le imputan los delitos de sedición y organización criminal.

Aplica el artículo 155 de la Constitución, que le otorga competencias de la Conselleria de Interior de la Generalitat.

Se trata de Xavier Goicoechea Fernández, Carlos de Pedro López -mossos- y el historiador José Luis Alay Rodríguez.

Fue juzgada en 2011 por una operación de narcotráfico junto a David Pérez Lago y no admitió su implicación en el caso. 

El listado lo encabezaba el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, de cuyos movimientos en Cataluña los agentes tenían orden de informar al entonces consejero de Interior Felip Puig.

Pere Soler y César Puig están citados en la Audiencia Nacional para el 9 de marzo, en la causa abierta contra el exjefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero.

Los cadáveres fueron encontrados en el embalse desnudos y con signos evidentes de violencia tras semanas de búsqueda.

La juez de la Audiencia Nacional cita al ex mayor de los Mossos d'Esquadra para el viernes 23 de febrero.

Los sindicatos policiales advierten que las "prisas" del Ministerio por cerrar un acuerdo sin concreción sobre el dinero disponible pueden acabar con las negociaciones. 

Asociaciones y sindicatos reiteran que no se conformarán con "migajas" y que se mantendrán firmes en la reclamación de una partida de 1.500 millones de euros a repartir en tres años.

El responsable policial del operativo policial durante el referéndum ha defendido su actuación en su comparecencia ante el Supremo.

Incluye una propuesta para que los sindicatos se comprometan a igualar los derechos sociolaborales con los Mossos d'Esquadra.

Zoido evita concretar cuánto subirá el sueldo "si hay presupuestos en 2018" para conseguir la equiparación entre policías y guardias civiles con el resto de policías autonómicas.

Los sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP rechazan por carta comparecer el 8 de noviembre en la Comisión de Interior.

41 de los 99 colegios en los que dijeron que habían detenido la votación, luego la Generalitat contabilizó más síes que personas figuraban censadas.

Considera que se podría haber organizado “mejor” si hubiese habido más tiempo pero que, en todo caso, defiende que la situación no se descontroló. 

La juez Carmen Lamela impone a la intendente de los Mossos Teresa Laplana la medida cautelar de comparecencias cada 15 días, prohibición de abandonar el territorio nacional y retirada de pasaporte por el mismo delito.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles señala que dentro de la policía autonómica catalana también está presente la fractura social.